Calamita(t)

(Foto: laopiniondemurcia.es)




El juez está llorando. Le tiemblan las manos, impidiéndole acertar en su intento por recuperar la entereza rozándose las yemas de los dedos, como si quisiera coger una inexistente pelotita del mundo, que desde luego ya no controla, si es que alguna vez lo hizo (basta con creerlo para que resulte peligroso). El juez ha perdido el control, y lo peor, su capacidad de juicio. “He sido apartado por ser católico y perseguido por mis convicciones”, solloza. El intento por victimizarse resulta bastante patético. Supongo que algo de razón tiene: lo juzgan por imponer sus creencias en lugar de hacer su trabajo de la única manera posible: como juez imparcial. Presuntamente, claro.
Imagino que sigue creyendo que cometen un error al acusarle de prevaricación por, presuntamente, retrasar-complicar con alevosía y mala leche la adopción de una criatura por parte de la pareja de su madre, que resulta que es otra mujer. Inadmisible desde el punto de vista católico… o no, asociaciones de homosexuales católicos y heterosexuales varios negarían la incompatibilidad (pero este es otro tema, ya saben lo que me gusta complicar).
Él, juez y católico, presuntamente se permitió la libertad de formalizar un juicio desde su particular moralidad, cuando lo único que le permite su puesto en la judicatura es aplicar la ley bajo la justicia de la democracia y los derechos universales que no encuentran límites en orientaciones sexuales, convicciones religiosas, razas y demás que el lector, que asumo tiene bastante más de dos dedos de frente, ya sabe. Así de clarito viene recogido en la Ley Fundamental, y no me refiero a la divina, sino a la que redactaron hace ya treinta años para, entre otras cosas, poner fin al sancocho con el que se hacía injusticia en nombre de Dios, la patria y qué les voy a contar.
“Sólo buscaba lo mejor para la niña”, se justifica con vagueza, pues, dice, al tener dos madres “estaba en situación de riesgo”. Este juez está tan cegado por sus convicciones personales-religiosas, respetables pero jamás imponibles, que compara el proceso judicial al que se ha visto sometido con el genocidio o el aborto. Comprenderán que con esa actitud no sólo no empatice con este señor, sino que la barbaridad (y obscenidad) de la comparación me dé pie a pensar que es uno de esos tipos que creen haber recibido la orden divina de enderezar el mundo porque todos nos hemos desbocado menos él.
“Dios me tendrá reservado un nuevo trabajo”, dice, en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia falle en su contra. A mí, como ciudadana libre de pensar y actuar como me dé la gana en todos los ámbitos de mi vida con la única limitación de no perjudicar a mis prójimos, sí que me coloca en situación de riesgo saber que un tribunal puede estar presidido por alguien tan radical y perjudicial para un Estado democráticamente laico.